En búsqueda de ayuda, las familias reportan a la policía local, a las instituciones financieras y a muchas agencias de gobierno y organizaciones sin fines de lucro (ve “Dónde reportar un abuso” en este mismo artículo). Pero las investigaciones y procesamientos a menudo se quedan cortos por una falta de entrenamiento y de coordinación entre varios expertos.
Los investigadores podrían determinar el origen de una llamada o la dirección IP original de una operación por Internet, pero para entonces, los estafadores ya se han ido. Paul Greenwood, abogado de la fiscalía de distrito de San Diego y jefe de la unidad Elder Abuse Unit de la oficina, hace notar que aunque Green Dot haya cambiado el proceso de recargar sus tarjetas a principios de este año para hacer imposible que los estafadores obtuvieran fondos de forma remota, los criminales están usando otras tarjetas en su lugar.
Y los recursos solo llegan hasta cierto punto.
“Los funcionarios federales están más interesados en una imagen global, con una red criminal, muchos defensores y millones de dólares,” dice Greenwood. “Si les trajera el caso de Beth Baker, por $65,000, probablemente se reirían de mí”.
Aún así, los investigadores tenaces pueden tener éxito.
Mientras revisaba transacciones monetarias sospechosas en su correo, Brian Horne, un inspector postal ubicado en Miami, y Frank Gasper, el agente especial del FBI en Bismark, N.D., que estaba investigando el caso de Edna Schmeets, descubrió que estaban rastreando a la misma persona: Shannon O’Connor de Deerfield Beach, Florida, que estaba recibiendo cheques muy cuantiosos de Schmeets y de al menos otras 3 personas.
Horne y Gasper hicieron equipo y eventualmente fueron a visitar a O’Connor. Ella fue arrestada y cuestionada. “Inicialmente contó un par de historias,” Gasper recuerda. “Pero después de una entrevista de 40 minutos, se dio cuenta de que sabíamos lo que estaba sucediendo”.
O’Connor cooperó y los investigadores armaron las piezas del trabajo de una red de intermediarios en EE.UU. que recolectaban grandes cantidades de dinero, gran parte proveniente de adultos mayores, y que transferían o enviaban los fondos a Jamaica. Trabajando con las fuerzas policiales de Jamaica, Horne y Gasper identificaron a 32 conspiradores en EE.UU. y Jamaica. Estimaron que la conspiración había recolectado un total de $5.5. millones de al menos 70 víctimas a lo ancho del país.