En la Conferencia sobre Envejecimiento de la Casa Blanca en julio, el Presidente Barack Obama anunció planes para entrenar a más procuradores para combatir el abuso a adultos mayores, incluyendo la explotación financiera.
El programa será respaldado por el Departamento de Justicia. Esa iniciativa, y posiblemente la primera vez que se menciona la frase “abuso de adultos mayores” por parte de un presidente de EE.UU., fue visto por algunos como evidencia de que la explotación de los estadounidenses mayores finalmente se está convirtiendo en parte de la conversación pública. Pero un problema con tantas dimensiones necesita ser abordado en múltiples niveles.
Todas las compañías de telecomunicaciones deberían ofrecer tecnología para bloquear llamadas.
Los sistemas permitirían a sus clientes detener las llamadas pregrabadas que a menudo es lo que genera las estafas.
(Ciertas compañías ya ofrecen servicios de bloqueo de llamadas para algunos servicios como VoIP (voz sobre protocolo de Internet), y líneas fijas.
Recientemente, las fiscalías generales de 44 estados y el Distrito de Columbia pidieron a cinco de las principales compañías (AT&T, CenturyLink, Sprint, T-Mobile y Verizon) que ofrezcan este servicio. Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports, ha hecho una campaña activa para ayudar; más de 450,000 clientes han firmado la petición ‘End Robocalls ('Terminemos con las llamadas pregrabadas') para que las principales compañías de teléfonos provean estas herramientas a los consumidores sin ningún cargo. (Entra a la petición en EndRobocalls.org).
Los estados podrían aprobar los nuevos estatutos dirigidos a civiles
En todos los estados, las víctimas pueden demandar a los estafadores conocidos en una corte civil por fraude, apropiación indebida, incumplimiento de obligaciones fiduciarias y otras causas de acción.
Pero un adulto mayor que fue engañado para quitarle $20,000 por su contador podría no encontrar a un abogado dispuesto a crear una demanda por una suma relativamente pequeña, dice Jane Lee, directora del Financial Crime Resource Center (Centro de Recursos de Crímenes Financieros) en el National Center for Victims of Crime (Centro Nacional para Víctimas de Delitos). Pero en los 5 estados con leyes civiles sobre la explotación financiera de adultos mayores (Arizona, California, Florida, Hawaii y Oregon), las víctimas que demandan pueden recuperar las cuotas pagadas a abogados y obtener indemnización por el triple de los daños, entre otros beneficios. Si esta innovación se copiara a lo ancho del país, más víctimas podrían buscar justicia tanto en cortes civiles como criminales, dice Lee.
Más médicos podrían ser entrenados para detectar las señales de peligro de abuso.
Esta evaluación podría convertirse en parte de las revisiones médicas normales. Así como con las sospechas de abuso a menores, los médicos deberían saber en dónde reportar sus preocupaciones. (Actualmente, los profesionales médicos que trabajan rutinariamente con adultos mayores están siendo entrenados para tener esta habilidad en el programa Elder Investment Fraud and Financial Exploitation Prevention Program [Programa de Prevención de Fraude de Inversiones y Explotación Financiera de Adultos Mayores] de Baylor College of Medicine).
Se deberían establecer más grupos de trabajo para lidiar con el abuso de adultos mayores.
Las entidades, compuestas por agentes del orden locales y federales, fiscales, instituciones financieras, servicios de protección de adultos y otros involucrados en la protección de adultos mayores, permitirían a los profesionales en una comunidad compartir información más rápidamente, auxiliando en las investigaciones y juicios. Page Ulrey, fiscal sénior de la oficina de la fiscalía de King County, Washington, sugiere que la oficina de fiscalía en cada estado o condado debería tener a un fiscal dedicado al abuso de adultos mayores. “Estamos tan atrasados en la forma en que nos estamos acercando a este problema,” dice. “No estamos pensando en él como el problema fundamental y urgente que es”.